Este artículo es parte de Diagonal Biobío, newsletter semanal escrito por el periodista Maximiliano Alarcón. Si quieres recibirlo a primera hora cada viernes en tu correo, antes que se publique en Sala de Prensa, suscríbete aquí.
La crisis por el anuncio del cierre de operaciones de Huachipato sigue latente y si bien hay una capa importante referente al sufrimiento de miles de familias que se verán afectadas por el término de sus empleos, hay otro directamente vinculado a las esferas del poder.
Actualmente la empresa se encuentra en un ‘gallito’ con el gobierno de Gabriel Boric Font y su ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, en el cual la acerera solicita un impuesto provisional del 25% para las barras de acero chinas y un 33% para las bolas de acero provenientes de dicho país, mientras que hasta ahora el Ejecutivo estableció un 15,3% y un 15,1%, respectivamente.
Existe una disyuntiva filosófica en esto, respecto de si el Estado debe salvar a una empresa privada frente a sus malos resultados, lo cual se sostiene en la alta cantidad de empleos que entregan.
Pero como argumento al frente, entre los múltiples análisis de las últimas semanas se habla de la responsabilidad de la propia empresa en no haber mejorado su gestión ni haber innovado en sus procesos.
Para ir abordando estos límites entre lo público y lo privado solicité a Huachipato el detalle de los sueldos de su plana gerencial y de los directores de la siderúrgica, sin embargo la información fue negada justamente con el argumento de que es “una empresa privada”.
–
Puedes apoyar este newsletter aportando $3 mil pesos mensuales en este enlace.