Contraloría inició un juicio de cuentas en contra de funcionarios e integrantes del pasado Gobierno Regional, dirigido por Rodrigo Díaz.
La razón de la investigación subyace en gastos insuficientemente acreditados, por un monto de $423 millones de pesos. En el juicio, se pondrá la lupa a 17 personas, entre trabajadores actuales del gabinete y el equipo personal de Rodrigo Díaz.
El propio Díaz es uno de los sindicados. Supuestamente, no habría actuado debidamente, “por cuando no supervisó ni ejecución de programas ni procesos de rendiciones de cuentas”. Miró a otro lado, en simple.
Para meterlos en un saco a ambos, se pone en tela de juicio su calidad de fiscalizadores. No habrían hecho la pega en varios otros emblemáticos capítulos del Caso Convenios, como Procultura, Bonhomía, Horizonte Ciudadano y quizá cuántas más.
Los restantes funcionarios (tenemos la lista abajo) en sus calidades de contraparte técnica y/o económica de los proyectos debían fiscalizar, controlar y seguir si se concretaban las actividades del programa. “Es posible observar la falta de acuciosidad”, agregaron. Un golpe bajo.
En tanto, las contrapartes financieras aprobaron las rendiciones “sin contar con los respaldos”. Además, no habrían verificado exhaustivamente la rendición de cuentas. La maquinita para hacer dinero funcionó como nunca esos días.
