Domingo Namuncura es un importante político y diplomático de nuestro país.
Entre 2014 y 2018 fue embajador en Guatemala, el primero de origen mapuche. Posteriormente, fue director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y hoy es asesor de políticas públicas sobre los derechos de los Pueblos Originarios.
Conversamos con él en Sala de Prensa y le pedimos que evaluara el legado del gobierno saliente de Gabriel Boric en materia indígena. Sus respuestas mostraron un análisis al que no estamos acostumbrados a ver en la política nacional.
“La evaluación de la política indígena durante la administración del expresidente Gabriel Boric es un proceso que requiere tiempo para poder comprender en profundidad sus resultados. Este análisis no solo debe considerar las acciones tomadas por el gobierno, sino también el rol de su coalición inicial (Frente Amplio y Partido Comunista), así como el de los partidos de la centroizquierda que se fueron integrando con posterioridad”.
“El inicio del mandato en marzo de 2022 se vio marcado por un episodio controvertido cuando la ministra del Interior, Izkia Siches, intentó visitar la comunidad mapuche de Temucuicui. Este hecho evidenció ante el mundo indígena que el gobierno no contaba con un programa suficientemente sólido y especializado”, indicó Namuncura.
El Proceso Constitucional y la Comisión de Paz y Entendimiento
“En septiembre de 2022, la derrota de la opción Apruebo en el plebiscito constitucional significó un duro golpe para los Pueblos Indígenas (PPII), quienes por primera vez habían alcanzado un protagonismo relevante en un proceso constitucional”.
“El gobierno como los partidos de izquierda y centroizquierda no lograron acompañar ni respaldar suficientemente a los PPII. Como respuesta a estos fracasos el gobierno impulsó la creación de la Comisión de Paz y Entendimiento“.
“Las recomendaciones quedaron plasmadas en un informe oficial, pero una consulta indígena convocada a mediados del 2024 fue suspendida tras el rechazo de comunidades mapuches, anticipando una posible derrota. Ahora, la decisión sobre el destino de este informe y la consulta recae en el gobierno del presidente Kast, aunque las primeras señales no son alentadoras para su seguimiento”.
“Se ha sostenido que la administración Boric destinó mayores recursos a la compra de tierras y promovió políticas sociales bajo el programa Buen Vivir. Sin embargo, el uso del concepto ancestral no se corresponde con la correcta interpretación de Küme Mongen, que implica un equilibrio integral entre las personas, la naturaleza y lo espiritual”.
“Si bien algunas políticas sociales (vivienda, emprendimiento, becas, salud intercultural, etc.) se relacionan con este enfoque solo representan una parte del mismo dentro de un contexto mucho más amplio y complejo. Y en cuanto a destinar mayores recursos para la compra de tierras hay gobiernos previos con mejores estadísticas”.
Boric no alcanza el estatus de “legado histórico”
En una perspectiva comparativa, lo realizado por el expresidente Boric no alcanza el estatus de ” legado histórico” afirmó Domingo Namuncura. Para ejemplificarlo, recordó administraciones pasadas.
- Aylwin promulgó la Ley Indígena 19.253
- Frei impulsó la creación de la CONADI
- Lagos dejó un informe oficial que evidenció las injusticias históricas hacia el pueblo mapuche y estableció importantes normativas
- Bachelet, en su primer gobierno, suscribió la Declaración Universal de Derechos de los PPII y logró la ratificación del Convenio 169. En su segundo gobierno realizó una histórica consulta indígena nacional constituyente, involucrando a miles de dirigentes.
En todos estos periodos se promovió la participación de dirigentes, profesionales, académicos y expertos indígenas en la formulación de políticas, proyectos y leyes, abriendo espacios de participación social.
Responsabilidad y Desafíos Futuros
“El Frente Amplio, el Partido Comunista y el expresidente Boric, junto a la centroizquierda aún cuando ingresó tardíamente a tareas de gobierno, tienen una responsabilidad significativa en el retroceso de un legado histórico, lo que podría poner en riesgo avances fundamentales como la Ley Indígena, el Convenio 169, la Ley Lafquenche y demandas históricas de los pueblos indígenas”.
“No se previó la necesidad de construir un consenso estratégico para consolidar los avances y se confió en exceso en las propias capacidades, sin considerar la importancia de un movimiento social indígena fuerte. A futuro, se concluye que la política indígena no debe quedar solo en manos de los partidos políticos sino que también se requiere el fortalecimiento de un movimiento social capaz de influir y proteger los derechos fundamentales indígenas tarea que ocupará los próximos años.