Las familias que fueron desalojadas de dos campamentos de Curanilahue acusan omisión estatal en sus desplazamientos forzados.
Un total de 53 personas de la comuna presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En este, acusan al Ejecutivo de desalojarles sin albergues o protocolos. Carabineros, en ese sentido, reconoció que no existen dispositivos para acoger a los desplazados. El Estado habría caído en la inconstitucionalidad.
En dicho recurso, las familias apelaron a la resolución de la mencionada corte que declaró inadmisible una querella en protección de los pobladores. El medio centenar de habitantes de las tomas de Plegarias y Cerro Bulnes vivían en terrenos de la forestal Arauco. A través de varias fórmulas, incluida la fuerza pública, la empresa ha buscado desalojar a las familias.
La apelación cuestiona la forma en que el Estado de Chile ejecuta los desalojos de campamentos. Como ocurrió en Curanilahue hace unas semanas, no hay albergues, coordinación ni protección a los más vulnerables. El escrito ahondó más aún: el desalojo que ocurrirá en la toma de Cerro Bulnes vino con el reconocimiento explícito de Carabineros de la inexistencia de albergues para los desplazados.
Desalojos en Curanilahue serían irregulares
La Corte Suprema fijó un estándar pasado a llevar, por falta de voluntad, por el Estado. Ningún desalojo puede ocurrir sin plazos razonables de evacuación, albergues y coordinación. Así, ocurrió en Reñaca Alto, Jardines de Castilla y Santa Adela. Todas esas tomas se eliminaron con un protocolo que no existió cuando llegó el orden público a Curanilahue.
“El Gobierno no puede delegar la humanidad en Carabineros. Le toca a Interior, MINVU y Desarrollo Social asegurar que nadie termine en la calle. Hoy esa coordinación no existe”, señalaron desde la vocería de los campamentos. “El Ejecutivo guarda silencio ante una crisis humanitaria”, agregaron.
La petición al tribunal es la reapertura del recurso a favor de los pobladores y la suspensión de los desalojos en Plegarias y Cerro Bulnes. Además, esperan que, en caso de nuevos desalojos, se acrediten albergues y protocolos humanitarios.
En plena campaña electoral, mujeres, niños y adultos mayores podrían quedar literalmente en la calle.