Un derrumbe en El Teniente, de los centros mineros más grandes de Chile y el mundo, dejó un fallecido y cinco desaparecidos.
La tragedia ocurrida en Rancagua ha movilizado a las autoridades. Ocurrió ayer a las 17:30 horas y los altos directivos nacionales de Codelco, como los cargos ejecutivos del poder político nacional han reaccionado.
Hasta el Presidente Gabriel Boric interrumpió su agenda. En un inicio, vendría a Talcahuano a inspeccionar las obras del magnífico proyecto marítimo Escotillón IV, del que ya hicimos un reporte en Sala de Prensa.
Sin embargo, esa vorágine de autoridades se esfuma como la arena entre los dedos. Pasan los días, las semanas y los meses. Si se encuentran a todos los sobrevivientes o víctimas, cesan las labores.
Es similar a como ocurre con los pescadores de la lancha Bruma, desaparecidos tras un posible choque naval en el océano Pacífico, a la altura de Coronel. Se entiende su destino, pero las labores de búsqueda de restos cesan al pasar un tiempo. Claro, el mar es mucho más complejo por su inmensidad. Pero… ¿Y si no se encuentran a los mineros desaparecidos?
Los mineros de oro y plata de la Trapananda
No es necesario retrotraerse tanto en el tiempo. Viajemos al 9 de junio de 2017. Jorge Martínez, de 26 años, y Enrique Ojeda, de 33, trabajaban en el yacimiento Delia II de la mina Cerro Bayo, en la comuna de Chile Chico, Aysén. La explotación colapsó por la filtración de agua de la laguna Verde, colindante al pique.
La búsqueda comenzó y, rápida como el verano patagón, terminó. Mandalay Resources, Sernageomin y las autoridades emitieron un comunicado donde acabaron las labores a 18 días de iniciar. Jorge y Enrique fueron declarados muertos y no se prosiguió buscando sus cuerpos.
Sin embargo, el esfuerzo es tal, tanto el mental como el técnico, que la familia de Jorge desistió de buscar. “Quiero recordar a mi Jorgito como era. Por último lo voy a ver en la plaquita que hicimos donde fue el accidente”, recordó con angustia Guadalupe Martínez, su madre.
La controladora del yacimiento llegó a un acuerdo con las familias en septiembre de 2018. Entregó montos millonarios a las familias de Martínez y Ojeda, pero con acuerdo de confidencialidad y la promesa de nunca más seguir en demandas.
Respecto al fallo de la Corte Suprema, Cristóbal Osorio, abogado y académico de la Universidad de Chile, explicó las implicancias en 2018. El fallo “confirma que, en las actividades reguladas como la minería, los riesgos no pueden ser asumidos por los trabajadores, sino que, por el contrario, estos deben ser asumidos por las empresas reguladas, y sobre todo por el Estado, a través de sus deberes generales de orden preventivo (fiscalización y sanciones), y de respuesta en el caso de las emergencias”.
Sernageomin fallando
Para las familias de los mineros, y según la vista jurídica, la responsabilidad del accidente en Cerro Bayo recae, también, en el Sernageomin. El ente fiscalizador y regulador de la minería nacional habría hecho vista gorda a falencias graves que pudieron derivar en una tragedia aún peor.
Las operaciones de la minera se extendían legalmente entre 2011 y 2015. Sin embargo, siguieron explotando el yacimiento de oro y plata hasta, al menos, 2017. Además, extendieron su área de operación 3,8 hectáreas más de subsuelo por sobre las 43,4 originalmente asignadas.
Según el reportaje citado, Sernageomin no fiscalizó. O al menos, no de forma óptima. El Ministerio de Minería enumeró en 23 las visitas a Cerro Bayo entre 2011 y 2017. Sin embargo, advierte que los fiscalizadores no se fijaron en que “la empresa habría extendido las labores y extracción del material”. Así, se reconoce la sobreexplotación del yacimiento y, por ende, la negligencia de la autoridad. Si ellos no hacen la pega de revisar, ¿Quién lo hará?
Y esto no queda aquí. Una cosa es hacer mal la pega por flojo, como la distinguida jueza que se dormía en las audiencias de sicarios venezolanos. Otra cosa, como plantearon los trabajadores de la empresa, es un trato preferente y consciente de la minera a los fiscalizadores del Sernageomin. Como si de sacarle los chanchitos a una guagua se tratara.
“Los fiscalizadores venían desde Concepción y siempre le advertían con mucha anticipación su llegada a la empresa. De hecho, ellos los iban a buscar y terminaban alojados en el hotel de la empresa en Chile Chico. Con suerte bajaban unos metros al yacimiento y siempre por lugares que la empresa sabía que se revisarían”, aseguró el líder de los sindicalizados en 2018.
Sernageomin envió un comunicado en el momento pero que ni siquiera tiene defensa o contraargumento a las acusaciones de ineficiencia. Es más, le pateó la pelota a la empresa, que “ejecutó trabajos fuera de los límites […] aprobados por el Servicio” y que estas falencias “incidieron la probabilidad para que finalmente ocurriera el accidente”.
A fecha de 2019, 20 meses tras el derrumbe, se instruyó un sumario administrativo. Sin embargo, “las personas involucradas continúan cumpliendo sus labores dado que no existe todavía cierre del proceso administrativo”.
¿Hubo justicia para los mineros desaparecidos para siempre?