Por Martina Muñoz
Con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, las fiscalizaciones a la venta de alcoholes se intensifican.
Los inspectores revisan el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias frente a la producción, elaboración y comercialización de licores, vinagres y alcoholes etílicos.
Durante épocas críticas de venta de este tipo de bebida, las fiscalizaciones se realizan con el objetivo de garantizar la genuinidad e inocuidad de los productos y así proteger la salud de las personas consumidoras.
En lo que va de año, el Servicio Agrícola y Ganadero del Biobío ha cursado 14 infracciones por incumplimientos a la normativa vigente. Durante el año pasado, en tanto, multaron a 42 establecimientos.
SAG fiscalizará todo tipo de locales
El director de la institución, Roberto Ferrada, junto a un equipo de profesionales del área de Protección Agricola y Forestal, se trasladaron hasta Santa Juana para realizar verificaciones del cumplimiento de la Ley de Alcoholes, en movilización por el aumento de demanda en las semanas previas a Fiestas Patrias.
“El Servicio Agricola y Ganadero tiene un rol ineludible y permanente en la fiscalización de la ley de alcoholes, no solamente en todo lo relativo a la verificación de los alcoholes o los vinos que provienen del extranjero a través de nuestros procesos normales de importación, si no que, además, en toda la cadena de valor de producción, elaboración, distribución y comercialización de alcoholes en el país” indicó el director.
Las fiscalizaciones se realizan a todo tipo de locales: botillerías, supermercados, distribuidoras de alcoholes, elaboradores de bebidas alcohólicas, entre otros establecimientos.
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SAG verifica origen del licor y rotulado
En las fiscalizaciones se verifica la existencia de un inicio de actividades y que posean toda la información del proceso de trazabilidad de compra de los productos. Finalmente, se examina que los artículos a la venta contengan toda la información que señala la Ley.
Los principales problemas con los que se encuentra el SAG son; etiquetado, falta de comunicación de inicio de actividades, productos no inscritos, entre otros.
“Estamos realizando fiscalizaciones en distintos puntos de la región con el fin de garantizar a la comunidad que los vinos, vinagres, cervezas y licores en general cumplen con la normativa, instancia en la que verificamos su potabilidad, genuinidad y que hayan sido elaborados de acuerdo a la normativa vigente, que estén registrados en el SAG y que cuenten con su respectiva etiqueta con la información correspondiente. En el caso de los productos importados, revisamos que el importador como el producto estén inscritos en
nuestros registros”, añadió Ferrada.
Quienes infrinjan la normativa vigente se exponen a sanciones y multas que pueden ir desde 1 hasta 5.000 UTM. Este valor va dependiendo de la gravedad de la infracción y de la reincidencia en los incumplimientos detectados.