El Estado de Chile ha desplegado toda su maquinaria civil y policial para poder frenar la crisis de seguridad y el número de delitos de connotación mayor que se han registro desde el fin de la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, los esfuerzos parecieran no ser suficientes. La falta de trabajo territorial para comprender lo que ocurre en los sectores más populares y vulnerables, junto con la escasa capacidad de Inteligencia para la prevención de los delitos, no han logrado los resultados esperados.