La crisis en Paraguay no ha pasado desapercibida a nivel internacional. Aunque tal vez no tuvo la resonancia de un hecho histórico como fue, por ejemplo, el denominado “Corralito” en Argentina en 2001, lo cierto es que ambos hechos tienen ciertas similitudes. Prácticamente la mitad de los paraguayos tienen sus ahorros congelados sin saber aún que pasará con ese dinero, desaparecido tras la crisis de Ueno Bank.
Concentración del poder y crisis institucional
Un grupo de investigadores del Observatorio de Estudios de la Sociedad de la Universidad Católica de la Santísima Concepción analizaron estos hechos, escudriñaron en sus causas, posibles consecuencias y si esta crisis pudiera replicarse en Chile.
El doctor Froilán Ramos, historiador y coordinador del observatorio plantea que es necesario considerar las particularidades históricas, políticas e incluso geográficas de Paraguay. El académico explica que se trata de una nación mediterránea, sin salida directa al mar, cuya economía depende en buena medida del tránsito comercial fluvial a través del sistema de la Plata.
Su ubicación entre Argentina y Brasil, junto con una triple frontera históricamente marcada por dinámicas de contrabando e informalidad, también ha influido en sus relaciones económicas y sociales.
La intervención de Ueno Bank y la crisis política posterior exponen problemas de regulación, concentración del poder y confianza institucional. La caída de una entidad financiera puede congelar ahorros y alterar mercados, pero también revelar problemas que llevan décadas acumulándose.
La crisis desatada en Paraguay tras la intervención de Ueno Bank y la posterior destitución del presidente Santiago Peña abrió una discusión que trasciende el sistema bancario. ¿Cuánto pesan la historia política del país, sus instituciones y la relación entre poder económico y autoridades en el escenario actual?
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Cuando economía y política se cruzan
Desde una perspectiva económica, el doctor José Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UCSC, identifica debilidades en el modelo regulatorio paraguayo.
Según explica, durante los últimos años el país se ha posicionado como un destino atractivo para las inversiones debido a un esquema económico con menores restricciones que otros mercados de la región. Sin embargo, una desregulación excesiva puede generar espacios para irregularidades cuando los mecanismos de fiscalización no son suficientes.
“El problema de esto es que también trae un riesgo de que la desregulación se transforme en que se puedan pasar a llevar las reglas”, explicó el doctor Hernández.
El académico también identifica como un elemento central de la crisis la relación entre intereses
económicos y poder político. Los vínculos que se investigan entre el entonces presidente Santiago Peña y el grupo propietario de la entidad abrieron cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la influencia de actores económicos en las decisiones públicas.
¿Podría ocurrir algo similar en Chile?
El Dr. Froilán Ramos considera que un escenario de características similares no parece previsible en Chile en el corto plazo. El académico destaca que ambos países presentan trayectorias democráticas e institucionales diferentes. “Mientras Chile cuenta con una tradición institucional basada en el respeto a la legalidad, los acuerdos y la estabilidad del sistema político, Paraguay estuvo marcado por prolongados períodos de dictaduras y autoritarismo”.
Agrega que mayores niveles de confianza en el funcionamiento de las instituciones chilenas y menores índices de corrupción de acuerdo con indicadores de Transparencia Internacional.
Sin embargo, las diferencias entre ambos países no implican que el caso paraguayo deba observarse como una realidad completamente ajena. “Los acontecimientos paraguayos sí representan un llamado de atención para la política y la institucionalidad chilena”, concluyó el investigador.
De esta manera, la crisis de Paraguay no solo plantea interrogantes sobre la relación entre poder económico, regulación e instituciones en ese país. También permite observar desde Chile la importancia de mantener mecanismos de supervisión sólidos, reglas claras y estructuras institucionales capaces de responder ante eventuales conflictos entre intereses privados y responsabilidades públicas.
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