En marzo de 1994, nació en Chile oficialmente la Ley 19.300 de Bases del Medioambiente. Dicha legislación creó la institucionalidad ambiental inicial en Chile. Bajo su alero nacieron la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Junto con la ley, se instituyeron dos procedimientos que debían seguir las empresas para instalarse en determinado territorio: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Declaración o Estudio de Impacto Ambiental: el dilema para las empresas
Las Declaraciones de Impacto Ambiental corresponden a una de las vías de ingreso al sistema de evaluación. “Se trata de un instrumento de gestión de tercer orden, de carácter preventivo, destinado a determinar si el impacto ambiental que genera el proyecto o actividad, listada en el artículo 10 de la Ley Nº19.300 y 3 del RSEIA, se ajusta o no a la normativa vigente”, describe la página del SEIA.
Pero lo cierto es que la DIA es un estudio menor en tamaño y profundidad si lo comparamos con un Estudio de Impacto Ambiental. Este último procedimiento, por ejemplo, contempla la participación ciudadana, cuestión que no considera el primero.
El titular del proyecto que se somete al SEIA, dice la ley, podrá presentar una DIA por regla general, salvo que dicho proyecto genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias que la ley enumera:
- Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos.
- Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire.
- Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos.
- Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.
- Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.
- Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
En caso que el proyecto, la iniciativa o la actividad presente algunos de estos problemas, se deberá presentar necesariamente un Estudio de Impacto Ambiental.
¿Problemas del sistema?
Consultados a varios expertos por este tema y hay varios temas que pudieran mejorarse, por ejemplo:
- No existe un catastro o listado de empresas certificadas que se dediquen a elaborar DIA o EIA. Los dueños de los proyectos pueden contratar a cualquiera que realice estas investigaciones. No siempre se obtiene una buena calidad como resultado de estos procesos
- La ley dice que la diferencia clave entre presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) depende de si el proyecto genera o no “impactos ambientales significativos”. Esta, sin embargo, es una definición que define la misma empresa.
- Tras la dictación de la norma, hubo algunas empresas que conscientes de la dificultad que representaba enfrentar un EIA resolvían dividir sus proyectos y los iban presentando por partes al sistema de evaluación, cada uno de ellos con Declaraciones de Impacto Ambiental. Como ocurrió esto con alguna frecuencia se resolvió sancionar esta práctica.
- Algunas empresas toman la decisión de presentarse al SEIA con una DIA o EIA intencionalmente deficiente, pero sabiendo que deberán mejorarlo. Esta táctica persigue un objetivo comunicacional, es decir demostrarle a la opinión pública que mejoraron notablemente el proyecto.
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¿La DIA debe desaparecer y solo existir los EIA?: Esto dicen los expertos
En Sala de Prensa acudimos a los investigadores medioambientales que saben de estos temas para requerir su opinión. El doctor en Ciencias Medioambientales de la Universidad de Concepción, Roberto Urrutia, expresó que “desde una perspectiva técnico-ambiental, no considero que deba desaparecer la figura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en Chile”.
“Sin embargo, creo que es necesario revisar y fortalecer los mecanismos que determinan cuándo un proyecto debe ingresar mediante una DIA y cuándo corresponde presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El problema no está necesariamente en la existencia de ambos instrumentos, sino en la posibilidad de utilizarlos estratégicamente para reducir las exigencias de evaluación ambiental”, que es lo que decíamos.
“Uno de los aspectos más preocupantes es el denominado fraccionamiento de proyectos, mediante el cual una iniciativa de mayor envergadura puede dividirse en proyectos aparentemente independientes, disminuyendo la percepción de sus impactos ambientales y, eventualmente, evitando una evaluación integral mediante un EIA”, continuó el académico.
“Desde el punto de vista científico, esta práctica es particularmente problemática. Los ecosistemas no responden a los límites administrativos de los proyectos. Los impactos ambientales son acumulativos, pueden presentar efectos sinérgicos y, en muchos casos, manifestarse a escalas espaciales y temporales mayores que las consideradas en una evaluación individual”, añadió.
Asimismo, el investigador agregó que “es importante señalar que el fraccionamiento deliberado para eludir el SEIA o modificar la vía de evaluación ya está prohibido por el artículo 11 bis de la Ley 19.300. Sin embargo, acreditar la intencionalidad y distinguir un fraccionamiento irregular de una ejecución legítima por etapas puede presentar dificultades”.
“Los impactos ambientales no se producen de manera aislada”
El doctor en Ciencias Medioambientales, Ricardo Barra, también contestó nuestro llamado. “No creo que la solución sea eliminar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), sino revisar y fortalecer profundamente el sistema de evaluación ambiental. La DIA cumple una función necesaria, porque no todos los proyectos generan impactos significativos que justifiquen un Estudio de Impacto Ambiental. Exigir un EIA para cada iniciativa podría burocratizar innecesariamente el sistema y concentrar recursos donde no siempre son necesarios”.
“Sin embargo, existe un problema real cuando algunos titulares utilizan la fragmentación de sus proyectos para evitar una evaluación integral de sus impactos o el ingreso mediante un EIA. Esto es particularmente preocupante. Los impactos ambientales no se producen de manera aislada: se acumulan en el territorio y pueden generar efectos acumulativos sobre los ecosistemas y las comunidades”
“A mi juicio, necesitamos avanzar hacia un sistema que evalúe los proyectos desde una perspectiva integral, considerando su dimensión territorial, sus impactos acumulativos y sinérgicos y su relación con otras actividades existentes o proyectadas. También, es necesario fortalecer la participación ciudadana y evitar que la DIA se transforme, en la práctica, en una vía para reducir las exigencias de evaluación ambiental”, finalizó el experto.
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