La Justicia tarda pero llega. Con esta frase pudiéramos resumir la historia de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, tras 25 años, le dio la razón a tres trabajadores despedidos injustamente por el Estado del Perú.
La sentencia de este tribunal internacional reconoció que los trabajadores en 1996 fueron privados durante décadas de una tutela judicial efectiva y su derecho al trabajo.
Corte IDH: “se vulneraron derechos como la protección judicial”
Después de casi tres décadas desde la ocurrencia de los hechos que originaron el caso y cerca de 25 desde que se presentó la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Internacional condenó al Estado de Perú por vulnerar los derechos de tres extrabajadores de la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU)
En 1996 los tres trabajadores fueron desvinculados en el marco de un programa de racionalización de personal impulsado por el Estado peruano. Aunque años más tarde fueron reincorporados, la Corte concluyó que los tribunales internos nunca analizaron de manera efectiva la legalidad de los despidos ni protegieron adecuadamente sus derechos, lo que terminó afectando no solo su situación laboral, sino también su integridad personal y sus proyectos de vida.
La sentencia determinó que el Estado de Perú vulneró los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, al trabajo y a la integridad personal de las víctimas. Asimismo, ordenó el pago de indemnizaciones, medidas de reparación y la publicación del fallo como forma de reconocimiento de responsabilidad internacional.

🔴 Mira en vivo el acto de notificación de sentencia del Caso Bravo Garvich y otros (Trabajadores Cesados de la Empresa Nacional de Puertos S.A.) Vs. Perú 🇵🇪.
Transmisión en YouTube: https://t.co/Foj0M9F2sR
Transmisión en Facebook: https://t.co/BewaS3Qn4h— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) July 15, 2026
Abogada chilena formó parte de la defensa de los trabajadores peruanos
En este proceso participó la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), María Cristina Melgarejo Sáez, quien se desempeñó como defensora pública interamericana de dos de las víctimas, Ernesto Yovera Álvarez y Gloria Cahua Ríos.
La profesora Melgarejo explicó que su participación comenzó en 2022, cuando fue designada como defensora pública interamericana para representar a personas que carecen de representación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“El primer caso que me fue asignado fue el de don Ernesto Yovera y doña Cahua Ríos, ambos de nacionalidad peruana y que alegaban contra el Estado Peruano violaciones de los derechos a garantías judiciales, derecho al trabajo, entre otros, producidos en los años 1995 y siguientes” explicó.

Uno de los principales desafíos de la defensa fue acreditar los efectos que los despidos continuaban produciendo casi treinta años después de ocurridos. “El extenso tiempo transcurrido entre las violaciones de derechos y la tramitación del caso ante la Corte IDH, implicó reconstruir hechos y acreditar sus consecuencias décadas después. A ello se sumaron las dificultades derivadas de la lejanía geográfica de las víctimas, que obligaron a desarrollar un trabajo de coordinación y levantamiento de antecedentes mediante plataformas y mecanismos remotos” indicó la académica de la UCSC.
Trabajadores demandarán a ENAP ante Corte Interamericana de DDHH

