Cada 4 años, cuando cambia el gobierno, suena la misma canción en Chile. Algunos funcionarios públicos a contrata son despedidos y demandan ante tribunales de justicia por considerar injustificada la decisión.
Este año es un poco diferente, porque desde el Partido Republicano afirmaron interesadamente la existencia de una especie de ley de “amarre”. Es decir, se acusa la creación de un cuerpo legal para impedir o complejizar que la nueva administración de José Antonio Kast pueda despedir funcionarios.
Todo partió el jueves 18 de diciembre cuando Radio Bío Bío publicó esta nota en su sitio web con el concepto “amarre” como palabra clave. La jugada de los republicanos ya estaba hecha, solo quedaba esperar la reacción de la prensa nacional, y así fue como el concepto comenzó a permear en la opinión pública con una seguidilla de notas en canales de televisión, radios, diarios y básicamente todos los medios del país.
Doctora en gestión de Gobierno y Administración Pública: “No hay ley de amarre”
Para ilustrarnos y entender en detalle de qué se trata todo más allá de lo político-mediático, conversamos con la Doctora en Gobierno y Administración Pública y docente de la Universidad de Concepción, Waleska Muñoz. La profesional fue clara con este tema ante la pregunta.
— ¿Hay ley de amarre?
“Lo que se dice ahora es que hay que fundamentarlo. No puede decir la autoridad ‘no te voy a renovar’ sin dar mayor argumento, fundamento u objetivo técnico. Tiene que haber esos antecedentes para que pueda proceder la autoridad a no renovarle. Por lo tanto no es de amarre”, explica Muñoz.
“O sea, el amarre, efectivamente, sería que Juanito o Pedrito se quedan, y no es así. Para que la nueva autoridad quiera, a lo mejor, no renovarle el próximo año, tendría que avalar justamente y dar el fundamento para que no proceda la no renovación”, puntualizó en esta conversación con Sala de Prensa.
Nuestra experiencia nos permite afirmar que cada vez que llega un gobierno, hay gente que es cesada en sus cargos. Estos trabajadores -normalmente- demandan y, de hecho, ganan ante el Tribunal pues, efectivamente, son sacados de sus cargos sin argumentos técnicos, sino solo por factores políticos.
La diferencia ahora, con las modificaciones presentadas por el ejecutivo, es que esta argumentación no se presentará ante la Justicia, sino ante Contraloría que -por lo demás- ayuda a sacar causas de un abarrotado sistema judicial.
Mario Marcel: “Estatuto administrativo es heredado de la dictadura”
Mario Marcel, ex ministro de Hacienda, puso el punto en el programa de Canal 13 Mesa Central. “Yo creo que aquí hay mucha gente que viene hablando con hacer cambios en el estatuto administrativo, pero nunca hemos llegado muy lejos de en qué consistirían esos cambios porque en el caso del empleado público, el tema de la estabilidad tiene que ver con ciertas garantías que da el Estado, no solo a sus funcionarios, sino al público”.
“Si tuviéramos una situación en la cual los funcionarios públicos pudieran ser despedidos en cualquier momento, sin expresión de causa, tendríamos un clientelismo político infinitivamente superior. Aquí es donde tenemos una gran deuda. Ha costado mucho entender que en el sector público no tiene porque haber un solo régimen laboral para todo el mundo que, en gran medida un legado de la dictadura“. Para quien desconozca, el Estatuto Administrativo es de 1989.
Este régimen “un poco emula la lógica de las Fuerzas Armadas. Tiene la idea de un régimen comprensivo donde alguien desde el cargo más bajo podía llegar a un nivel muy alto en la administración y que se aplicaba por igual a todo el mundo. Pero en el sector público la gente no hace lo mismo”, sentenció la ex autoridad.
Lo cierto es que en la administración pública claramente no es lo mismo un funcionario de Impuestos Internos con su rol fiscalizador que un profesor de un Servicio Local de Educación Pública o un Técnico en Enfermería en un establecimiento de salud, ejemplificó Marcel.
Nicolás Grau: “Un amarre sería que no pudieras echar a una persona”
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue más allá de la famosa ley de amarre y habló de corrupción institucionalizada por parte del ejecutivo.
El actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió al paso de estas afirmaciones en Radio ADN. “¿Qué sería un amarre? Un amarre sería que no pudieras echar a una persona y que tu pusieras reglas para evitar que eso ocurra. ¡Eso es un amarre!”
“¿Qué es esto? Esto es que tiene que existir un acto fundado y que no existan arbitrariedades como ocurre hoy en la actualidad. Hoy también debe ser un hecho fundado; en eso no innova la propuesta . La única diferencia es que en la actualidad se revisa en la Corte y lo que planteamos que es esto se revise en la Contraloría que es, además, más eficiente”, explicó.
Grau: Todos los funcionarios políticos deben renunciar el 11 de marzo #Cooerativa90 https://t.co/cE00Ta8ckZ pic.twitter.com/rSccnJyxv9
— Cooperativa (@Cooperativa) December 22, 2025
Parlamentarios del Biobío: terminar con la precariedad de los trabajadores del sector público
El diputado ecologista por el distrito 20, del Gran Concepción, Félix González, expresó sus impresiones. “Lo que uno esperaría es que se termine con la precariedad de los contratos. O sea, que pueda haber mas gente que esté de planta y que haga carrera funcionaria y que no dependa del gobierno de turno y que, por otro lado, que los cargos que son de confianza que los gobiernos necesitan cambiar para implementar políticas públicas distintas estén muy bien definidos, que no sean pocos”, aseveró.
El senador Gastón Saavedra, por su parte, indicó que “todos los gobiernos han tratado de proteger a sus colaboradores o funcionarios que han ingresado. Es muy igual, siempre hay alguna variante. El ejecutivo ha sido claro que los de confianza política deben renunciar el 11 de marzo. Lo que pasa es que hay gente que está más abajo. No es amarre es estabilidad en el empleo”, concluye Saavedra.
¿Qué opinan los funcionarios públicos?
Pero en este tema en general en los medios hemos escuchado poco o nada a los principales involucrados: los funcionarios públicos. En este caso, conversamos con Christian Klenner. Klenner es actualmente el presidente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional del Biobío.
“Esta situación de traspaso de funcionarios muchas veces se da en los distintos gobiernos. Esto también ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera, donde efectivamente se dictaron normativas y resoluciones que complicaban o hacían más complejo para el gobierno entrante desvincular funcionarios y esto ocurre en cada administración“, señaló el dirigente.
“La solución, básicamente, responde a una actualización de nuestras leyes laborales o estatuto administrativo, que está bastante obsoleto donde gran parte de la administración pública es de contrata y no de planta. Entonces la solución a este tema es que haya cierta dotación que sea permanente en la administración del Estado, por lo menos un 80%, y que un 20% sea a contrata y que vayan cambiando con las administraciones entendiendo que debe haber un equipo de confianza. Todo esto [los despidos] termina en acciones judiciales donde el Estado termina pagando millones de pesos de estas personas desvinculadas”, finalizó Klenner.
Como resumen, hemos consultado con profesionales de la administración pública, parlamentarios y a los propios funcionarios del Estado. Todo esto nos permite llegar al convencimiento que no existe tal ley de amarre, sino, más bien, una construcción mediática para adelantar escenarios de despidos masivos de funcionarios públicos como ya ha sido anunciado por la nueva administración.