Latinoamérica es la región más peligrosa para los defensores ambientales. En Chile ha habido un dramático aumento en las agresiones hacia ellos y ellas en los últimos años.
El caso de Julia Chuñil es de los más connotados. A casi un año desde su desaparición, se revelaron nuevas pruebas que han reactivado el caso.
La abogada Karina Riquelme, representante de la familia, reveló la existencia de una interceptación telefónica en la que Juan Carlos Morstadt, empresario local imputado en el caso, habría dicho que “a Julia Chuñil la quemaron”. El registro se encontró en la plataforma de la Fiscalía en Línea, sin embargo, se denunció el bloqueo de estos archivos cuando se intentó acceder nuevamente al documento.
La nueva pista sobre el caso ha reabierto el debate y la exigencia de justicia, criticando fuertemente el sistema de justicia chileno. Pero este no es el único caso que ha surgido en esta esfera, pues Latinoamérica es la región más peligrosa para los defensores ambientales. Y Chile, aunque estando bajo otros países, sigue aumentando en los números de violencia contra aquellos que defienden la tierra.
El peligroso panorama que presenta Chile para los defensores ambientales
La ONG Escazú Ahora publicó el segundo informe anual sobre la situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024. Se registró un preocupante aumento en la tasa de vulneración de derechos hacia los defensores ambientales, llegando a un 48,9 % de agresiones físicas, más del triple de lo registrado en 2024.
De estos registros, la mayoría se centran en las regiones de Valparaíso, Biobío y Los Lagos. Sin embargo, sumando las denuncias de los territorios del Maule, Los Ríos y La Araucanía, lo cierto es que el sur de Chile reafirma los altos niveles de peligro para los defensores en estas partes del país.
Los números no se limitan a estos periodos. Varias investigaciones siguen en curso para descubrir la verdad tras poco aclaradas muertes de ambientalistas y protectores de la tierra.
Nicolasa Quintremán junto a su hermana lideraron uno de los primeros movimientos populares por el medio ambiente | Foto: REUTERS.Uno de esos casos es el de Nicolasa Quintremán Calpán, líder indígena del alto Biobío. “Yo no tengo por qué salir. Muerta saldré de mis tierras, pero no viva”, era una de las frases recurrentes de la defensora ambiental, quien lamentablemente fue encontrada sin vida el 24 de diciembre de 2013 a los 74 años en el propio embalse Ralco, construido de forma artificial, contra el que luchó fieramente.
Su muerte nunca se esclareció. Aunque se atribuyó a un accidente debido a dificultad visual, lo cierto es que muchas personas, incluida su familia, persistieron en buscar la verdad negando lo anterior.
Macarena Valdés, activista socioambiental, se halló colgada en las vigas de su casa el 22 de agosto de 2016. La tesis de un suicidio se rechazó rotundamente desde la familia, quienes advirtieron que se trataba de un asesinato por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global en Panguipulli, región de Los Ríos.
El 4 de octubre de 2018, en medio del conflicto ambiental que afecta a Quintero y Puchuncaví, encontraron a Alejandro Castro colgado en la reja perimetral de la línea férrea en Valparaíso. Su fallecimiento está rodeado de dudas que han llevado a movilizaciones para esclarecer el caso del defensor que luchaba por los pescadores artesanales en dicho contexto.
Otro de los casos más actuales es sobre el lonko Rámon Chiguay, defensor ambiental de la comunidad Foli Trincao, al suroeste de Quellón. Chiguay luchaba contra las salmoneras en el territorio chilote, y las causas de su muerte, el 4 de junio de 2024, no han sido aclaradas hasta la fecha.
Así como ellos, también se hacen presentes las muertes de Sara Levancini, Emilia Bau, Camilo Catrillanca y muchos otros.
Las amenazas que persiguen y aterrorizan a los activistas
En 2024, el 48,9 % de las agresiones fueron de carácter físico. Sin embargo, las amenazas virtuales, escritas y agresiones verbales suman un 32 % por su parte. Esto es lo vive Orietta Llauca Huala, abogada y defensora ambiental mapuche.
A través en conversación con Sala de Prensa, Llauca declaró que ha estado recibiendo amenazas por su trabajo y defensa, siendo la más reciente el 18 de julio de este año. Durante el transcurso del día, la abogada recibió un mensaje por WhatsApp; al abrirlo, se encontró con la imagen de una persona apuntándola con un arma.
Al segundo que quiso guardar la evidencia para denunciar, la fotografía se borró inmediatamente. De la mano de este suceso, Orietta denunció la llegada de amenazas de muerte contra su hijo, las cuales se desestimaron por la Fiscalía sin realizar ninguna diligencia.
Actualmente, Orietta está trabajando en la defensa del Río Maullín en Llanquihue por amenaza de desvío que significaría la muerte de un humedal y un estero. La iniciativa del desvío es de Suralis, sanitaria local | Foto: Escazú Ahora.Además de las intimidaciones, la abogada confesó recibir hostigamiento en tribunales y tener causas penales en su contra que declara son a base de montajes. “He sido detenida cumpliendo mi labor de abogada y defensora de derechos humanos. Fui golpeada de puño en mi rostro por una carabinera, me pegaron con los escudos policiales, me causaron heridas abiertas, lesiones en la cabeza de carácter agudo, fui gaseada, esposada y permanecí cerca de 7 horas en un calabozo, sin haber cometido delito alguno. No se ha sancionado a los agresores”, declaró Llauca.
La abogada confirmó el peligro de defender la tierra. Los defensores ambientales viven en un trayecto de trato indiferente, asesinato de imagen, persecución y hostigamiento permanente, amenazas, desaparición y muerte. Aun así, comentó que “la tierra no tiene la culpa de todo lo anterior. Por eso hay que seguir; es nuestro deber defender la tierra, defender la vida”.
El origen del problema y las vías para intentar salir de este
En 2022, Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar entorno seguro para los defensores ambientales. Sin embargo, a tres años de su firma, el panorama ha empeorado y no se han mostrado señas de una ley que exija esta obligación.
La ONG Escazú Ahora ha propuesto el proyecto de ley de Protección de Personas Defensoras del Medio Ambiente. Esta busca permitir que los derechos de estos sujetos se hagan valer y exista una protección real sobre ellos.
Francisco Astorga, abogado y director de ONG Defensa Ambiental, destacó que el problema viene del enfoque erróneo que mantiene el Estado ante la problemática. A su juicio, no poseen una fiscalización ambiental correcta. Además, no existe protección real a los defensores y menos a las comunidades que se ven enfrentadas en estos procesos.
“Lo importante es que haya una implementación real y efectiva del acuerdo de Escazú. Que eso se traduzca en reglamentos potentes y en una institucionalidad que efectivamente permita una defensa de los defensores ambientales”, comentó.
Estos sujetos se encuentran bajo peligro constante por la protección de la tierra, pasando por amenazas, desapariciones y hasta la muerte. Los casos siguen en aumento y la mayoría de ellos no han sido esclarecidos. Orietta Llauca enfatizó que “ningún defensor de la tierra quiere ser un mártir, pues defiende la vida”.