Carabineros desalojó a cerca de 15 familias que se tomaron un predio forestal en Curanilahue, provincia de Arauco.
Un fallo de la Corte Suprema, a solicitud de los dueños del terreno, Forestal Arauco, determinó la medida. El predio “La Colcha” terminó siendo objeto de incidentes entre la fuerza de orden y los pobladores, dejando como saldo dos detenidos, provenientes de otras tomas.
Los desalojados, según Biobío, esperan conversar con la forestal para comprar el terreno, de poco más de 9 hectáreas. El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, valoró que se hiciera justicia pero también dijo que el Gobierno debe mejorar las condiciones de quienes se tomaron ilegalmente el terreno en Curanilahue.
Ese es el cuerpo principal de la noticia. Normalmente se vende hasta ahí. No obstante, los desalojados denuncian vulneraciones expresas al debido proceso, a la justicia real e incluso un potencial conflicto de interés inmobiliario para desalojarlos.
Abogados acusan inconstitucionalidad
El medio de investigación Interferencia se contactó con los abogados que defienden a los desalojados de Curanilahue.
El primer punto que tocan es el desalojo en sí. Decenas de recursos de protección decretando la expulsión de los campamentos se han acumulado en Arauco desde 2024. Cuando se le notifica a un habitante, se da por entendido que todos lo saben, resultando en el desalojo de tomas completas, según los juristas.
Además, dicha expulsión se ha hecho expedita bajo el delito de “usurpación“. La Forestal Arauco y su penalista Enrique Hernández, ex abogado de la Delegación Presidencial Regional que lideró Daniela Dresdner, presentan estas querellas exprés. A juicio de los abogados, es inconstitucional al establecer la flagrancia permanente (que el delito permanezca cometiéndose) y más aún considerando que los desalojos se hacen en cualquier etapa de la investigación, asumiendo culpabilidad de la usurpación y, por ende, vulnerando el principio de inocencia.
En conversación con Interferencia, el abogado Rodrigo Valdés Alé presentó su postura respecto al tema. El jurista enfatizó en lo irregular de estos procesos de desalojo, que se ordena en 45 días y no en 180 como en otros recursos. Carente de protocolos, al parecer.
La solución habitacional en Curanilahue parece ir de la mano con la Forestal: ¿Es solución entonces?
Los pobladores de La Colcha en Curanilahue terminaron despojados de sus viviendas. No obstante, esto no asegura que puedan tener vivienda definitiva. A su juicio, las alternativas de vivienda que podría ofrecer Arauco “carecen de concreción”.
La Forestal Arauco, en asociación con Techo, participa en la construcción de viviendas sociales desde hace más de 15 años. No es algo oculto ni novedoso, pero se torna objeto de interés en la materia de los desalojos. “Los desalojos podrían estar relacionados con una estrategia para que las soluciones habitacionales sean provistas, económicamente, por empresas vinculadas a Arauco”, acusa Valdés.
Curanilahue está cercada por Arauco. Un informe de su municipio en 2019, en la tramitación de su plan regulador, constató la negativa de la forestal a vender terrenos aledaños a la ciudad. ¿Será que quieren reubicar los campamentos ahí, construirles casas y hacerse más ricos? No creo, sería muy mal pensado.
“Desde una perspectiva estrictamente comercial, el desalojo de personas a la calle genera el mercado necesario para la entrega de las viviendas que estas entidades [Forestal Arauco e inmobiliarias] construyen, a un valor que ellas mismas determinan”, argumenta el abogado.
“A este respecto, es pertinente señalar que el Ministerio de Vivienda ha facultado a Techo para actuar como organismo oficial en el catastro de campamentos”, sostuvo, considerando que debe revisarse. Si el amigo del dueño del terreno es el que catastra las tomas, ¿Escapará a su esfera de influencia?
“Si bien es cierto que las ocupaciones son precarias y cualquier propietario tiene derecho a solicitar la restitución de su terreno en un período razonable, existen herramientas legales para ello, como el llamado a Carabineros o el uso de líneas telefónicas de denuncia”.
“La pregunta pertinente es por qué existen personas que llevan cinco años ocupando un terreno sin que se les haya solicitado su restitución. ¿Por qué en el caso de Colico Norte, hay personas con más de 40 años de ocupación a quienes no se les ha pedido el terreno y ahora están siendo acusadas a través de recursos de protección y juicios penales?”, se preguntó. ¿Qué es lo que cambió en el último tiempo?