Pobladores de la caleta Perone, en Hualpén, advirtieron el retraso burocrático del proyecto que les permitiría regularizar su tierra.
Desesperanza, preocupación e incertidumbre acechan a los vecinos de esta aldea de la península de Hualpén. Desde hace más de 70 años, un grupo de pescadores, recolectores y trabajadores del antiguo fundo Perone dieron vida a este pedacito de Edén. Tras el declive de la agricultura, los patrones del fundo permitieron que sus otrora trabajadores se asentaran.
Sin embargo, no son los dueños del terreno. El anhelo de los pobladores es, precisamente, ese: ser propietarios del lugar donde sus padres, abuelos y bisabuelos se embarcaban a surcar los mares en busca del sustento.
La promulgación de la Ley 21.027, conocida como la Ley de Caletas, se vio como una ventana de oportunidad. Este escrito legal regula el desarrollo de estas villas pesqueras, muy típicas a lo largo y no tan ancho de Chile. Sin embargo, los papeles quedaron en eso hasta el momento.
Y es que los pobladores buscaban acceder a la propiedad del terreno de forma legal bajo esta nueva normativa. No obstante, el proceso está detenido por la burocracia. Solo falta un informe y una firma, indican, que mantienen en el limbo a los habitantes. Estamos en la puerta del horno, y esperemos que no se queme el pan. Pescado, en el caso de la caleta Perone.
Pobladores de la caleta Perone lamentan atraso
Cristian Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío, FEREPA, valoró el trabajo ya realizado. Pese a ello, el llamado es a acelerar los procesos. “No puede ocurrir que, por la burocracia de organismos del Estado, esta oportunidad única, que además cuenta con financiamiento, se siga postergando. Caleta Perone cumplió todo lo que la ley exige; ahora es el Estado quien debe cumplir”, enfatizó.
Miguel Ibáñez, presidente del sindicato pesquero de caleta Perone, criticó las demoras. “Necesitamos que de una vez por todas nos dejen de mentir. Llevamos más de 50 años con el miedo de que nos expulsen. Este terreno no fue tomado, sino que nos fue ofrecido cuando éramos trabajadores del fundo. Ya está bueno. Estamos cansados y sin esperanza”, recalcó.
Carolina Astete es la secretaria del sindicato. Con múltiples gestiones a sus espaldas, cuestionó la demora del informe técnico necesitado. “Era lo único que faltaba para proceder a la expropiación. Han pasado más de seis meses y no hay informe. ¿Es legítimo que el Estado se tome todo el tiempo del mundo sin pensar en las personas que esperan?”, expresó.
Cecilia Ibáñez, otra habitante, también manifestó su decepción. “Esperábamos una Navidad tranquila porque se dijo que en noviembre estaría listo. Estamos en enero de 2026 y nada pasó. Basta de mentiras. Necesitamos paz para seguir viviendo”, lamentó.
Ramona Lara, pobladora mayor del lugar, añadió que “vienen y se van las autoridades con promesas”. A sus 78 años, dice que le queda “poco tiempo y mi sueño es que nuestra gente viva tranquila. ¿Por qué tienen esto parado si la ley permite que el terreno nos sea entregado? Se nos va la vida entre promesas”.