La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Concepción sesionó por primera vez en el año este lunes 6 de abril.
La revisión se extenderá hasta el miércoles 15 de abril y considera revisar 360 solicitudes de internos e internas propuestas por los tribunales de conducta de los penales.
Antonella Farfarello será la ministra presidenta de la comisión. Completan la terna Cristina Campos (TOP), Iohan León (Juzgado de Garantía de Concepción), José Cánovas Fuentes (TOP Cañete) y Felipe Vega (Juzgado de Garantía de Talcahuano).
209 de las solicitudes se emitieron desde el Complejo Penitenciario Biobío, es decir, la cárcel El Manzano. 19 corresponden a internos del Centro de Educación y Trabajo de Concepción y 11 más al de Cañete. Los restantes pertenecen al Centro de Detención Preventiva de Mulchén con 42 solicitudes, el de Yumbel con 33, Arauco con 21 y 25 en el centro de Lebu.
En octubre de 2025, cuando fue la última sesión, se acogieron 23 de las 366 solicitudes. La cifra equivale a un 6,28% del total.
Comisión de libertad condicional establece criterios mínimos de aplicación
El trabajo de esta comisión está regido por ley y establece ciertos requisitos mínimos para postular a la libertad condicional. Esto, claramente, para evitar que ciertos delincuentes con un prontuario o conducta peligrosa salgan. Los requisitos para beneficiarse son haber cumplido la mitad de la condena, o dos tercios en casos de delitos graves, presentar intachable conducta en la cárcel y un informe psicosocial de Gendarmería que acredite condiciones.
Además, las comisiones de libertad condicional deben detallar fundadamente si los postulantes cumplen los requisitos. No vaya a ser cosa que se les cuele un bandido por ahí. Se debe dedicar consideración especial a la resocialización desglosada en los informes psicosociales, para favorecer la reinserción del liberado. Asimismo, los condenados o sus abogados pueden alegar o exponer ante la comisión.
Pero no todo es para los que están en el hotel “Las Rejas”. En octubre de 2023, la legislación se modificó de tal forma que se elevaron los estándares de libertad condicional. En la misma línea, se dispuso que las víctimas de los delitos sean informadas acerca de las postulaciones a la liberación o permisos de salida.
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