Ya lo habíamos dicho, la aprobación unánime por parte del COEVA (Comisión de Evaluación Ambiental) del proyecto minero de extracción de Tierras Raras en Penco no iba a ser el final de la historia y así ha ocurrido.
Esta jornada como resultado de intensos análisis jurídicos y administrativos diversas organizaciones sociales presentaron no uno, sino dos recursos en contra del proyecto minero.
Recursos contra proyecto Tierras Raras de Aclara pretender impugnar aprobación RCA
Hasta las oficinas del Servicio Evaluación Ambiental, ubicado en calle Lincoyán de Concepción llegaron diversas organizaciones sociales para impugnar la aprobación conseguida por la empresa el pasado 8 de junio.
En aquella oportunidad los seremis de la actual administración presididos por el Delegado Presidencial Julio Anativia aprobaron de forma unánime la concreción de este proyecto minero para Penco.
Ahora y después de dos meses representantes de la ONG Defensa Ambiental, la campaña Penco-Lirquén libre de Minería, Parque para Penco, Asociación Koñintu LafkenMapu Penco y organizaciones territoriales y gremiales del Biobío se hicieron presentes para oficializar su decisión de apelar a las decisiones del COEVA.
Son dos recursos. El primero de Reclamación y representa a quienes hicieron observaciones ciudadanas en la Evaluación Ambiental del proyecto y que desde su perspectiva fueron respondidas de manera insuficiente por el titular.
El segundo recurso es de Invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental por la falta de rigurosidad técnica del SEA y los servicios públicos pertinentes al Aprobar este proyecto.
Abogado Francisco Astorga: la Evaluación Ambiental contó con “deficiencias insalvables”
Francisco Astorga, es abogado de ONG Defensa Ambiental y explicó algunos de los argumentos de esta presentación. “sabemos que la evaluación ambiental contó con deficiencias insalvables y la RCA es un acto administrativo ilegal, por cuanto no se abordaron ni evaluaron adecuadamente los componentes ambientales, en particular los peligros de radioactividad, de remoción en masa, de contaminación del agua, de impacto en los sistemas de vida de las comunidades y tampoco se evaluó adecuadamente el componente indígena”.
Tampoco se sabe cómo quedará la tierra después de su uso, ni cómo afectará a especies protegidas como el Queule, Naranjillo y Pitao. Este proyecto tendrá un impacto gigantesco en la flora, fragmentando el ecosistema y con ello impactará también en forma irreversible a la fauna.
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La vocera de la campaña Penco-Lirquén Libre de Mineras, Camila Arriagada, indicó por su parte que “creemos que este proceso fue negligente por parte del Servicio de Evaluación Ambiental y de las instituciones y servicios pertinentes. Los reales riesgos e impactos que tendría una megaminería de tierras raras, tan cercana a las poblaciones, fueron muy poco abordados y revisados. Creemos que la contaminación atmosférica, las enfermedades y los riesgos a la salud de la población son irreparables y las observaciones que se ingresaron en esta materia fueron respondidas de manera insuficiente, tanto por estos servicios, como por el titular de esta empresa”.
Los recursos debieran ser resueltos por el Comité de Ministros, en el caso de la reclamación, y por la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío, respecto de la solicitud de invalidación. Los representantes de las comunidades expresaron que de ser necesario, “el proceso podría continuar en una última instancia ante la Corte Suprema”, setenció.