El anuncio fue hecho por el Ministerio de Bienes Nacionales en el contexto del plan que denominaron “Se busca dueño”. A nivel nacional serían 234 inmuebles fiscales para el 2026, cuyo avalúo alcanza aproximadamente los US$70 millones.
Se trata de propiedades que, por sus características y situación actual, no están destinadas a cumplir una función pública y por lo tanto serán ofrecidas “mediante procesos de venta transparentes y abiertas”, se afirma en un comunicad público.
Inmuebles en el Biobío muchos de ellos abandonados
En el caso específico de la Región del Biobío, el Seremi de Bienes Nacionales, Matías Ruiz Fernández, especificó que se licitarán 12 propiedades estatales, tanto urbanas como rurales; casas, departamentos y terrenos, los que estarán disponibles en licitaciones.mbienes.gob.cl dentro de los próximos meses.
Se Busca Dueño, es una iniciativa que busca tomar aquellos inmuebles que el Estado no necesita para cumplir una función pública y abrirlos a nuevas oportunidades. La recuperación de estos inmuebles también constituye una oportunidad para enfrentar situaciones de abandono y deterioro que pueden impactar negativamente en los entornos donde se encuentran. La activación de estos espacios permite devolverles una función, favorecer la recuperación urbana y contribuir a barrios más seguros, activos y con mejores condiciones para sus vecinos.
De acuerdo a información entregada por el Seremi de Bienes Nacionales, Matías Ruiz Fernández, en la Región del Biobío, “tenemos 12 propiedades fiscales, en comunas como Alto Biobío, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y Penco, entre otras, que van a estar a disposición del mercado dentro de los próximos meses”.
Dentro de ellas -continuó- hay inmuebles “urbanos y rurales; departamentos, casas y terrenos, los que van a estar publicados en nuestra página web en los próximos meses”, concluyó.
Por el momento, habrá licitaciones públicas de 159 inmuebles, 82 provenientes de herencia vacante y 77 de licitaciones que quedaron desiertas, con una recaudación estimada de $48,8 millones de dólares, proceso que garantiza transparencia e igualdad de oportunidades.
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