Una auditoría realizada al Servicio de Salud Arauco determinó que dos médicos beneficiarios de becas públicas de especialidad trabajaron menos de seis meses en sus seis años.
Este tiempo corresponde a los años en donde debían cumplir su Periodo Asistencial Obligatorio. Es decir, estaban obligados a trabajar en el Estado para retribuir las facilidades entregadas. No obstante, parece que lo que menos que hicieron fue trabajar.
De acuerdo a los datos de la Contraloría General de la República, uno de los médicos trabajó 133 de 2.192 días en el Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete, lo que equivale al 6% de jornadas laborales; el resto del tiempo estuvo con licencia. El segundo profesional, en tanto, trabajó en el Hospital Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue apenas 108 días, el 5% del total posible. A la hora que yo hago eso en Sala de Prensa me echan con viento fresco en un momento.
El tema, aparte de los mínimos registros laborales, es que realizaban en paralelo viajes al extranjero mientras permanecían con licencia médica. Incluso, yendo más allá, trabajaban en otros lados, públicos y privados, mientras tenían que estar en reposo.
En uno de los casos, el 52% de los permisos médicos fueron emanados por la cónyuge del galeno. ¿Todo queda en familia, no es así? En ese tiempo, salió de Chile en doce ocasiones y agarró la pala para otros empleadores.
Todos los antecedentes están en poder de la Superintendencia de Seguridad Social y a la Fiscalía Local de Lebu para que se adopten las medidas correspondientes.
Servicio de Salud Arauco no acreditó cobros multimillonarios
Además de los anti-trabajadores, la auditoría determinó que el Servicio de Salud Arauco no acreditó el cobro de más de 2.046 millones de pesos por garantías, aranceles y estipendios que debían restituir profesionales que incumplieron obligaciones laborales o se les eliminó de programas de formación. El organismo alertó sobre deficiencias en las cobranzas y el seguimiento judicial a las mismas.
El Servicio despidió a los dos profesionales antes mencionados, mientras anunciaron acciones administrativas y judiciales para la restitución de los recursos necesarios.
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